OSSE: Restringido de 11 a 17
27/12/2007

Bussi y Menéndez, a juicio oral por la desaparición de un senador durante la dictadura

El juez federal subrogante de Tucumán, Daniel Bejas, dispuso sentarlos en el banquillo en el marco de la causa por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse. Sobre los represores pesan cargos por violación de domicilio y de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita.

El juez federal subrogante de Tucumán, Daniel Bejas, dispuso este jueves la elevación a juicio oral de la causa en la que los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez están detenidos por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.

Bejas, a cargo del juzgado federal 1, dio por finalizada la instrucción y elevó a juicio oral una de las cerca de 500 causas en marcha por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

Sin embargo, la defensa compartida de los militares retirados, a cargo de Horacio Conesa Mones Ruiz, puede apelar la resolución.

A Bussi y Menéndez, el juez les imputó los delitos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita.

Todos los hechos fueron imputados en concurso real con el delito de lesa humanidad y dentro del marco del delito de genocidio del Derecho Penal Internacional, según informaron a Télam fuentes del propio juzgado.

En los considerandos de la resolución, Bejas afirmó: "si bien la defensa se opone a la elevación, sosteniendo que la instrucción no está completa, ya que faltan diligenciar pruebas ofrecidas por su parte, ello debe ser rechazado porque en la declaración indagatoria (de Bussi y Menéndez) negaron todas y cada una de las incriminaciones formuladas".

Asimismo, el magistrado insistió: "no se colectaron pruebas directas, aptas e idóneas para demostrar lo contrario (lo imputado) y, además, el juicio (oral) propiamente dicho es donde se debe ofrecer y producir las pruebas que estimen pertinentes".

Sobre los dos militares retirados pesa una decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, teniendo en cuenta que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez.

Bussi está detenido por orden del ex juez federal Jorge Parache -Bejas lo reemplaza en forma interina desde el 1 de junio- desde el 15 de octubre de 2003, lo que impidió que asumiera como intendente de la capital tucumana, cargo para el que había sido elegido durante los comicios del 26 de junio de ese año.

El fundador de Fuerza Republicana le había ganado por sólo 17 votos al justicialista Gerónimo Vargas Aignasse (hoy diputado nacional), hijo del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, por cuya desaparición y secuestro, en 1976, fue ordenada la primera prisión preventiva contra Bussi y Menéndez.

En diciembre de 2003, Parache autorizó que Bussi cumpliera arresto domiciliario (por su edad, entonces tenía 77 años, y por sus problemas cardíacos) en la Capital Federal, y en marzo de 2006 fue trasladado a Tucumán luego de que forenses determinaran que no corría peligro su vida si viajaba en un avión sanitario.

Desde que llegó a Tucumán, Bussi estuvo detenido en los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga (allí también es alojado Menéndez cada vez que viene a declarar a Tucumán procedente de Córdoba, donde cumple arresto domiciliario).

No obstante, desde el 14 de diciembre, Bussi cumple arresto domiciliario en una vivienda particular de uno de sus familiares, en Yerba Buena, municipio ubicado a unos 10 kilómetros al oeste de la capital tucumana.


Encuentran un arsenal de armas en poder de represores con prisión domiciliaria


Un allanamiento puso al descubierto que los ex jefes policiales Osvaldo Sartorio y Rodolfo Campos conservaban en sus domicilios fusiles, pistolas y revólveres calibre 38. Ambos están acusados de violaciones a los derechos humanos en la comisaría Quinta de La Plata y por el secuestro, sustracción y ocultamiento de la menor Clara Anahía Mariano.

Un arsenal de armas, la mayoría de grueso calibre, conocidas como "de guerra", fueron encontradas en las viviendas de dos represores, que cumplen detención domiciliaria por crímenes cometidos durante la última dictadura militar, según informó a Télam una fuente judicial. El hallazgo se produjo durante allanamientos en los domicilios de Mar del Plata, del ex comisario de la policía bonaerense, Osvaldo Sertorio, y en el vivienda de Capital Federal de Rodolfo Campos, ex subjefe de esa fuerza de seguridad. Sertorio y Campos cumplen prisión domiciliaria a la espera del juicio oral por la desaparición de personas que estuvieron detenidas en la comisaría Quinta de La Plata y por el secuestro, sustracción y ocultamiento de la menor Clara Anahía Mariani, nieta de la fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani. Mariani es representada en esta causa por el abogado Alejo Ramos Padilla. Los procedimientos se cumplieron en las últimas horas por orden del juez federal platense, Arnaldo Corazza, a pedido de Ramos Padilla, quien en una denuncia reveló la existencia de armas en los domicilios de los represores. El abogado, que viene reclamando que se les quite el beneficio de la prisión domiciliaria, explicó que las armas encontradas son fusiles Mauser, pistolas 9 milímetros y revólveres calibre 38, más sus respectivos proyectiles aptos para disparar. "No es posible que luego de lo ocurrido con Febres y con López la justicia siga sin supervisar el modo en que se conceden y otorgan estos beneficios", dijo el letrado. Agregó que "esta es una cuestión de sentido común porque ningún preso puede tener armas, y mucho menos los genocidas acusados de cometer delitos de lesa humanidad". Sertorio y Campos, junto a Juan Fiorillo, Carlos "El Oso" García y Hugo Guallama serán juzgados el próximo año por el caso de Clara Anahí Mariani, ya que el juez Corazza cerró la etapa de instrucción para elevar la causa a juicio. Las armas que tenía Sertorio en domicilio de Mar del Plata son: una escopeta desarmada de doble caño con numeración 16197, un Fusil Mauser con mira telescópica con 8 cartuchos y dos vainas del mismo fusil, una carabina calibre 22 marca Remington, una escopeta sin marca ni numeración visible y un revolver calibre 38 tipo lechusero con inscripción Jhonsons Armas&Cycle-Works. Además, se encontró en esa casa un revolver calibre 32, un trabuco de colección oxidado doble caño, una pistola calibre 22 sin marca ni numeración visible, una carcaza de pistola calibre 22, una pistola calibre 9 mm Browning y dos cargadores de esas armas. También, tenía en su poder una caja de 50 proyectiles calibre 9 mm Remington Luger, una bolsa con 27 proyectiles 9 mm, una bolsa de nylon con 22 proyectiles calibre 38 y 17 proyectiles calibre 9 mm, bolsa de nylon con 16 cartuchos y/o proyectiles del calibre 9 mm, 25 proyectiles del calibre 22, bolsa de nylon con 48 cartuchos de escopeta calibre 12, bolsa de nylon con 9 cartuchos del calibre 28 y 9 cartuchos de escopeta de calibre 36. En la casa de Campos fueron secuestrados dos fusiles y un revolver 38 especial marca Cobra. 

Los represores Pernías y Capdevila fueron trasladados al Hospital Naval

El ex capitán de la Armada fue enviado al centro de salud por "riesgo de suicidio". En tanto su ex camarada padece complicaciones respiratorias. Ambos están implicados en la investigación por delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ESMA.

El ex capitán de la Armada Antonio Pernías y su ex camarada de armas Carlos Capdevila fueron trasladados en las últimas horas de este jueves, con custodia del Servicio Penitenciario Federal, al Hospital Naval a raíz de complicaciones en su estado de salud. Así lo indicaron a Télam fuentes allegadas a la investigación por delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura. Los informantes indicaron que Capdevila fue trasladado desde el penal de Marcos Paz -donde cumple prisión preventiva al igual que los otros represores- por presentar "riesgo de suicidio". En tanto, Pernías padece complicaciones respiratorias que hicieron que los forenses recomendaran su derivación a ese centro asistencial. Por su parte, el abogado Juan María Aberg Cobo reclamó esta mañana al juez federal Sergio Torres -el magistrado que dispuso que los represores fueran a una cárcel común- que se lo autorice a mantener "entrevistas personales" con sus asistidos, entre ellos el destituido capitán Alfredo Astiz. En las presentaciones Aberg Cobo pidió poder entrevistarse con sus defendidos "sin vidrios, paredes, tabiques ni mamparas" y anticipó que volverá a pedir que los marinos cumplan la prisión preventiva en dependencias de esa fuerza.


 

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