OSSE: Restringido de 11 a 17
06/12/2006

Chile traba importaciones argentinas de harina y lácteos

Aplicará derechos antidumping a la harina de trigo y dejará firme salvaguardas a los lácteos. La Presidenta Bachelet quiere impedir que su país se inunde de productos argentinos.

El gobierno de Chile aplicará un derecho antidumping del 16,2 por ciento a la harina de trigo importada desde la Argentina, y también decidió formalizar en forma permanente una "salvaguarda definitiva" del 23 por ciento a las importaciones argentinas de leche líquida, en polvo y queso amarillo "gouda".

La medida que grava los lácteos habían sido dispuestas en forma provisoria a inicios de octubre y vencía el 11 de diciembre próximo, pero ahora quedará firme, trascendió aquí.

La decisión complica el cada vez más difícil comercio en el Mercosur y promete desatar una protesta más fuerte de exportadores argentinos.

El gobierno socialista de Michelle Bachelet dijo que debió aplicar esta medida para "corregir los subsidios" que aplica la industria argentina.

El Ministerio de Agricultura chileno, a través de un comunicado, dijo que "la decisión en el caso de las salvaguardias, permite además, detener la caída en los precios a productores nacionales y corregir subsidios presentes en la industria argentina".

Los productores chilenos habían pedido al gobierno que aplicara una sobretasa del 31,5 por ciento para las importaciones de leche fluida, leche en polvo y queso gouda, para neutralizar lo que, aseguran, es un "explosivo" incremento de las importaciones
lácteas de Argentina.

El gobierno chileno explicó que con relación al derecho antidumping a la harina de trigo, "se busca corregir el precio de venta de este producto en Chile, considerablemente más bajo al valor de comercialización en su país de origen".

Ambas medidas fueron recomendadas por la Comisión de Distorsiones chilena, que sugirió extender las salvaguardias a los productos lácteos provenientes desde la Argentina, gravando su ingreso con un arancel del 23 por ciento hasta octubre de 2007, según consignó el diario trasandino La Tercera.

Esta medida ya fue impugnada por el Gobierno de Buenos Aires ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual deberá emitir su veredicto próximamente.
 

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