OSSE: Restringido de 11 a 17
26/11/2007

Piden el juicio para diez ex funcionarios de Menem

Eran parte del personal del Banco de la Nación Argentina. Se les imputa una presunta defraudación que originó a la entidad un perjuicio de más de 77 millones de dólares.

26/11/07

El fiscal federal Federico Delgado solicitó la elevación a juicio oral y público para una decena de ex funcionarios del Banco de la Nación Argentina (BNA) durante la administración menemista, a quienes imputa una presunta defraudación que originó a la entidad un perjuicio de más de 77 millones de dólares, confirmaron esta mañana fuentes tribunalicias.

Se trata de los hermanos Mario y Aldo Dadone (fallecido y respecto de quien se extinguió la acción penal), Genaro Contartese, Hugo Gaggero, Luis Arroyo, César Ochoa, Joaquín Alonso, Raúl Fernández, Juan Rigal Butler y Raúl Sanguineti; a quienes se responsabiliza por el otorgamiento irregular de avales a la firma Inducuer a la que aparecía vinculado el ex titular de la SIDE delarruista Fernando de Santibáñes, quien fue sobreseído.

El pedido de elevación a juicio oral fue formulado al juez Norberto Oyarbide, mediante un dictamen de una docena de carillas al que Télam tuvo acceso y también incluye a los empresarios Guillermo Nano y Carlos de la Vega, a quienes se considera "partícipes necesarios" de las maniobras.

La causa se inició, hace más de nueve años, por denuncia de las autoridades del BNA con motivo del otorgamiento irregular de avales a Inducuer que provocaron a la entidad un "significativo perjuicio patrimonial que, conforme a las conclusiones de la Auditoria General, al 14 de diciembre de 1998 ascendía a setenta y siete millones sesenta y un mil ochocientos ochenta y siete pesos" (dólares de entonces), reseñó Delgado.

En su dictamen, abundante en precisiones técnicas, el fiscal recordó que la maniobra comenzó en enero de 1991 cuando el directorio otorgó un aval a Inducuer, por más de 76 millones de marcos alemanes, sin que la beneficiaria contara con solidez ya que "carecía de antecedentes, infraestructura y solvencia económica para afrontar un emprendimiento de la naturaleza del proyectado".

"Además, al obligar de una manera desmesurada al banco público con una empresa privada, desencadenó una serie de actos jurídicos que fueron perfeccionando la defraudación", sostuvo Delgado, quien enfatizó que "durante el desarrollo de un proceso que ya era un obvio desfalco, los funcionarios públicos continuaron beneficiando a Inducuer y comprometiendo al banco".

El representante del ministerio público explicó que "en definitiva, aquí no hubo negligencia funcional ni una legítima búsqueda de beneficios empresariales", sino que se trató de un "negociado" en el que los funcionarios cometieron un "cúmulo de irregularidades que deliberadamente permitieron que el desfalco se desarrolle `normalmente’".

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