19/12/2017
Acusados de evadir 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de la empresa OIL

El juez Julián Ercolini ordenó la prisión preventiva de Cristóbal López y Carlos De Sousa y procesó a Ricardo Echegaray

Se les trabaron embargos por 17 mil millones de pesos a cada uno. Allanaron la casa del dueño del Grupo Indalo en Puerto Madero, pero no lo encontraron. De Sousa fue detenido en horas de la tarde y C. López se entregó por la noche en el Edificio Centinela. El ex titular de la AFIP está acusado de otorgarle planes especiales de pago a Oil Combustibles. Por ahora no ordenaron su detención.

Cristóbal López se entregó en el edificio Centinela después de la orden de captura

Pasada la medianoche, Cristóbal López se entregó tras la orden de captura que libró el juez Julián Ercolini después que fuera procesado junto con su socio Fabián De Sousa por administración fraudulenta con prisión preventiva.

Según confirmaron desde el entorno de López, el dueño del Grupo Indalo "viajó desde el sur" y se presentó en el edificio Centinela del personal de Gendarmería. Allí pasará la noche y en el transcurso de la mañana se realizará su traslado, después que sea sometido a una serie de chequeos médicos.

Cristóbal López se entregó en el edificio Centinela después de la orden de captura

Fabián de Sousa y Cristóbal López.

 

Después de siete horas de búsqueda, el empresario kirchnerista se entregó.

Había sido procesado ayer por la tarde y personal de Gendarmería fue a buscarlo a su departamento de Puerto Madero, donde no se encontraba. Por ello, Ercolini había ordenado su captura.

Cristóbal López, según señalaron desde su entorno, se encontraba en el Sur y desde allí viajó durante la noche hacia Buenos Aires.

Finalmente, se entregó en el edificio Centinela donde se encuentra su socio Fabián De Sousa, quien había quedado detenido en horas de la tarde, cuando Gendarmería lo apresó tras realizar un allanamiento en su domicilio de Puerto Madero.

López se convirtió en el kirchnerista número 17 con una orden de prisión preventiva de la justicia federal.

El juez Ercolini lo procesó junto a De Sousa por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones correspondientes al Impuesto a los Combustibles, dinero con el cual "se capitalizó y financió su grupo empresarial".

La maniobra se realizó durante el gobierno de Cristina Kirchner y fue facilitada por Ricardo Echegaray quien también fue procesado, aunque sin prisión preventiva. A todos se les trabó un embargo de más de $ 17.000 millones.

La causa

La causa inició el 16 de marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en la que señaló que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles SA (OCSA) "no abonar en tiempo y forma" el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y el "uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades" del Grupo Indalo. La AFIP bajo la conducción de Alberto Abad reveló que Cristóbal López se quedó con $ 8.000 millones que debían ir al Estado.

Después de 21 indagatorias tomadas por Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, el juez se declaró incompetente al entender que se estaba ante un delito tributario. La Cámara de Casación hace un mes consideró que esto no era así, y que se debía investigar como una hecho de corrupción.

En este contexto, el magistrado procesó con prisión preventiva a López y De Sousa, dueños del Grupo Indalo. Ambos según el juez, realizaron "un aporte imprescindible" a la maniobra defraudatoria, "junto a su consorte de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para beneficiarse ilegítimamente".

Para la justicia, los propietarios de Indalo "tenían el dinero para hacer frente al pago" del impuesto a los combustibles "en tiempo y forma", pero optaron por "acogerse sistemáticamente a diversos planes de pago que fueron concedidos irregularmentepor la AFIP".

Cristóbal López contó "con la venia" del ente recaudador y sólo pagó 7 de los 55 períodos fiscales investigados, a "sabiendas de que le serían concedidos sistemáticamente beneficios de pago y así evitar el cobro compulsivo de esas obligaciones". 

Así, los empresarios K ​ "se beneficiaron -en su carácter responsables de Oil- al recibir, a través de aquella firma, de modo sistemático y deliberado "por parte de Echegaray" planes de facilidades de pago vinculados al impuesto al combustible", fondos que utilizaron "indebidamente y en beneficio propio"para capitalizar a las demás sociedades de Indalo en perjuicio del Estado.

La deuda de capital que generaron fue de $5.144.538.391,07 que ascendió con los años y una implementación "sistemática" de la maniobra, a $ 8.000 millones. Para el Gobierno la cifra supera los $ 10.000 millones contabilizando intereses y punitorios.

Para la Justicia los planteos de pagos, se encontraban plagados de irregularidades: "carencia de documentación que acredite la situación de crisis económica y financiera de las empresas, ausencia de revisión de cumplimiento de las condiciones en las que fueron otorgados los planes, y "la laxitud en los controles dirigidos hacia la empresa en cuestión". Ricardo Echegaray "convalidó estos trámites" cuando "no correspondía".

Por ello, el juez procesó al ex titular de la AFIP, como autor del delito de administración fraudulenta, al "violar sus obligaciones como funcionario al omitir controlar el pago en tiempo y forma de las obligaciones relativas al ITC y el adecuado otorgamiento de los planes de facilidades de pago -generales y especiales-, lo que sucedió sistemática y deliberadamente".

Esta maniobra permitió que López y De Sousa -a través de Oil Combustibles SA- "financiaran a otras sociedades de su propio grupo empresario, obteniendo así un beneficio económico indebido".

Cristóbal López se entregó en el edificio Centinela después de la orden de captura

La maniobra se realizó a través de la empresa Oil Combustibles. 

 

Fue Echegaray quien otorgó de manera "irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo" los planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA -entre mayo de 2013 a agosto de 2015. Pero para el juez, siempre estuvo a derecho y “no registra antecedentes condenatorios, como así tampoco declaraciones de rebeldía vigentes a su respecto”.

Las consideraciones sobre López y De Sousa fueron diferentes. Para el juez, ambos empresarios tuvieron acciones “dirigidas a obstruir la labor de la justicia”. Citó así la venta que buscaron realizar del Grupo Indalo a favor de OP Investiment "cuando les estaba vedado con anterioridad a haber solicitado autorización para ello”. Cuando esta operación fue rechazada por Ercolini, el fiscal Pollicita y la AFIP, "no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión; lo que demuestra a todas luces su voluntad de apartarse de la manda judicial”. Además, se recordó que intentaron abrir un concurso preventivo de Oil Combustibles "en Chubut" algo que fue calificado de "fraudulento" ya que la firma está radicada en Buenos Aires. 

 

EL FALLO JUDICIAL

El juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por considerarlos partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. Además procesó pero sin prisión preventiva al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray como autor del mismo delito que los empresarios.

A continuación los puntos principales del fallo que pone tras las rejas al dueño del grupo Indalo:

1. A raíz de las pruebas que hay en la causa, Ercolini sostuvo que debe tenerse por acreditada la intervención de Echegaray y de los empresarios en el hecho delictivo investigado.

2. Oil recibía con cada venta directamente de sus clientes el monto que debía ingresar a la AFIP como impuesto. Más allá de que tenía el dinero para el pago del tributo en tiempo y forma se acogió sistemáticamente a planes de pago que fueron concedidos en forma irregular por el organismo recaudador.

3. Cristóbal López contó con la venia de Echegaray para pagar sólo 7 de los 55 períodos fiscales investigados sabiendo de antemano que le concederían beneficios de pago y así evitar el cobro compulsivos de esas deudas impositivas.

4. El único requisito establecido por la normativa para otorgar los planes de pago era que el solicitante acreditara encontrarse en condiciones económico-financieras que le impidieran el cumplimiento de las obligaciones adeudadas, lo que nunca fue exigido por la AFIP.

5. Dichas anomalías se repitieron de manera sistemática y deliberada durante 2013, 2014 y 2015, lo que se refleja en el monto millonario de la deuda que la AFIP permitió que Oil Combustibles acumulara.

6. Ricardo Echegaray, aunque no se descarta la intervención de otros funcionarios, posibilitó que la petrolera no pagara en tiempo y forma el tributo y utilizara indebidamente y en beneficio propio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo, en perjuicio de las arcas del Estado nacional.

7. A menos de 15 días de formulada la denuncia que dio inicio a la causa, Oil se presentó en concurso de acreedores ante el Juzgado Nro. 1 de Comodoro Rivadavia. Al respecto, el juez Ercolini sostuvo en su fallo "la decisión de someter la situación económica y financiera de Oil Combustibles SA a un proceso de esa naturaleza, ponderada en el contexto global de las disposiciones que vienen adoptando las autoridades de esa sociedad, me conduce a pensar que el designio real de López y De Sousa no era otro que el de continuar evitando el pago de sus obligaciones tributarias en el tiempo y la forma que la ley les imponía".

8. Se encuentra corroborado que Echegaray habría violado sus obligaciones, dado que omitió controlar el pago en tiempo y forma de las obligaciones relativas al Impuesto a los Combustibles Líquidos y el adecuado otorgamiento de los planes de facilidades de pago, lo que sucedió sistemática y deliberadamente, y así permitió que Cristóbal López -a través de Oil Combustibles- financiara a otras sociedades de su propio grupo empresario, obteniendo así un beneficio económico indebido.

9. Los empresarios se beneficiaron de la maniobra desarrollada por el titular de la AFIP, dado que Oil Combustibles no pagó en tiempo y forma el ICL y con ese dinero capitalizaron y financiaron al resto de las firmas que componían el grupo Indalo.

10. Pese a que el juez había dictado la inhibición general de bienes, los empresarios manifestaron haber vendido sus acciones en el grupo Indalo –cuando les estaba vedado– con anterioridad haber solicitado autorizaciónpara concretar esa operación. Sobre este punto, Ercolini afirmó que "existen en autos condiciones objetivas que me llevan a concluir que su accionar se dirigió a obstruir la labor de la justicia" por lo que les dictó la prisión preventiva y ordenó detener a los empresarios.

 

ECHEGARAY PROCESADO Y EMBARGADO

En la misma resolución que ordenó la detención de Cristóbal López, el juez federal Julián Ercolini procesó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegarayal que acusó de otorgarle "de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, planes de pago a Oil Combustibles SA por el impuesto a la transferencia de combustibles líquidos". Es más, lo acusó de convalidar los trámites "a sabiendas de que no correspondía hacerlo".

Además de procesarlo, el magistrado también le aplicó un embargo hasta cubrir la suma de $17.042.509.692 y le decretó la inhibición general de bienes. Pero por ahora no ordenó su detención.

El fallo destaca una serie de irregularidades en el otorgamiento de los planes de pagos: la carencia de documentación anexada que acredite la situación de crisis económica y financiera alegada, y no haber especificado el monto a devengarse por cada empresa, ni por qué tributos. “También, que no surgiría del expediente que se les haya requerido información complementaria -o que las propias empresas la presentasen-, realizado inspecciones en la sede de aquélla, o efectuado alguna otra medida tendiente a comprobar fehacientemente las dificultades exteriorizadas por las contribuyentes”, destaca la resolución publicada en el CIJ.

Al describir la responsabilidad de Echegaray, Ercolini dijo: “En su carácter de administrador federal de la AFIP- habría otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA -de la cual eran sus responsables Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa- por el ICL correspondiente a los períodos fiscales de mayo de 2013 a agosto de 2015“.

Cuando declaró en indagaroria, Echegaray había argumentado que la concesión de planes de pago a Oil Combustibles “no había generado ningún perjuicio fiscal” para el Estado y que no había operado la prescripción ni ningún otro instituto liberatorio de pago para la empresa en cuestión.

Pero el juez Ercolini entendió que el ex funcionario fue un eslabón esencial de la maniobra. Al procesarlo, sostuvo que “tenía la potestad de dirigir al organismo, ejercer las facultades que las leyes le asignaban a la AFIP y percibir, recaudar, exigir y ejecutar los tributos; actividades que fueron ejercidas de manera direccionada de acuerdo a la conveniencia del caso para beneficiar a la contribuyente Oil Combustibles SA”.

“El administrador federal convalidó los trámites llevados adelante, a sabiendas de que no correspondía hacerlo; toda vez que tales anomalías se desprendían de la propia vida administrativa y burocrática del expediente”, concluye la resolución de más de 100 carillas.

Ercolini ordenó la detención del empresario Cristóbal López y de su socio Carlos Fabián de Sousa, en el marco de la causa en la que están acusados de evadir $8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL. Ercolini los procesó con prisión preventiva por considerarlos partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra una administración pública.

Ricardo Echegaray retrato 1920

Las otras causas judiciales

En los últimos meses, Echegaray sumó procesamientos en varias causas y su situación judicial cada vez es más grave.

Primero, el juez del fuero Penal Económico Diego Amarante le prohibió la salida del país y lo citó a indagatoria por contrabando agravado porque habría permitido el ingreso al país de un auto de alta gama sin pagar impuestos alegando que era para un representante taiwanés pese a que ese país no tenía estatus diplomático.

Además, está imputado en la causa Ciccone 2, a cargo del juez federal Ariel Lijo, tras el testimonio de Alejandro Vandenbroele en el marco del acuerdo en el que se comprometió a declarar como arrepentido.

Otro magistrado, Sergio Torres procesó a Echegaray por negociaciones incompatibles y defraudación por presunto pago de sobreprecios en la contratación del servicio de limpieza de la AFIP. En esa licitación resultó beneficiada una empresa por un monto de más de 15 millones de pesos, el doble que lo que cotizó la compañía que venía realizando esa tarea desde 1981.

Además, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex titular de la AFIP por falso testimonio y violación de secretos en una causa iniciada por una denuncia de Alfonso Prat Gay.

El panorama se completa con la causa abierta por supuesto encubrimiento del empresario Lázaro Báez. Un informe de la AFIP acaba de revivir ese expediente, donde la defensa de Echegaray alega que ya fue sobreseído por un hecho similar.

Copyright© 2018 - laseptima.info - Todos los derechos reservados