04/07/2017

Un fiscal federal pidió el desafuero, la indagatoria y detención de Julio De Vido

El fiscal Stornelli solicitó la detención del ex ministro kirchnerista y de Roberto Baratta, que era su segundo en Planificación; investigan un proyecto millonario que nunca prosperó.

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó el desafuero del diputado nacional y ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio de Vido con el objetivo de proceder a indagarlo y detenerlo, informaron fuentes judiciales. En el mismo acto procesal el representante del Ministerio Público pidió la detención de Roberto Baratta, de otros ex funcionarios K, y del intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Ozuna.

Ambos -De Vido y Baratta- están acusados de un multimillonario desvío de fondos en el proyecto truncado de la minera Río Turbio.

El juez de la causa, Luis Rodríguez, deberá analizar el pedido del fiscal y resolver si acepta o no el desafuero y la posterior detención del ex funcionario que llegó al poder de la mano de Néstor Kirchner, en el 2003, y se retiró en el 2015 junto a Cristina Fernández de Kirchner.

De Vido, Baratta y otros ex funcionarios están imputados por el delito de defraudación a la administración pública en una causa que investiga el desvío de fondos en el proyecto truncado de Río Turbio y que se inició el año pasado, tras una denuncia del abogado Santiago Dupuy De Lome.

De Vido, como ministro de Planificación, y su segundo Baratta firmaron cientos de convenios con la Universidad Tecnológica Nacional en Santa Cruz para la reconversión de la mina y puesta en marcha de un ramal ferroviario. A este proyecto se le asignaron miles de millones de pesos y pese a ello hoy está totalmente abandonado.

Stornelli sospecha que a través de los convenios firmados con la universidad se desviaron fondos públicos que terminaron en los bolsillos de distintas personas y no en el proyecto que se debía financiar, según quedó establecido en un dictamen de 67 páginas firmado hoy.

El periodista Carlos Pagni expuso anoche en Odisea Argentina la trama de las negociaciones entre autoridades del kirchnerismo, una universidad y una fundación para llevar adelante un proyecto minero en Río Turbio que nunca se concretó y que le costó millones al Estado.

De Vido y Baratta firmaron más de 400 convenios con la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Santa Cruz, para la recreación de un ramal ferroviario llamado Eva Perón. A este proyecto entre 2005 y 2015 el Estado nacional le asignó 26.600 millones de pesos.

Fundamentos del fiscal federal Carlos Stornelli

En un dictamen acusatorio presentado hoy ante el juez federal Luis Rodríguez, el fiscal incluyó a otros 23 investigados, entre ellos al ex segundo de De Vido en Planificación, Roberto Baratta, al ex secretario de Minería desde 2002 y 2015 Jorge Mayoral, y al actual intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio y ex interventor de YCRT, Atanacio Pérez Osuna, según el escrito de 67 carillas.

Sobre De Vido, el fiscal sostuvo que por su puesto era "garante" de la transparencia en el uso de fondos públicos, por lo cual "difícilmente pueda ignorar los perjuicios a los intereses por el administrados".

Los funcionarios del Ministerio de Planificación "tenían acabado y pleno conocimiento del estado de las obras en ejecución y de los convenios suscribían". 

Stornelli sostuvo que hubo maniobras por defraudación a la administración pública superiores a los 26 millones de pesos que "no habrían podido prosperar sin el silencio de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de la ex secretaría de Minería de la Nación", quienes -indicó- estaban "obligados a velar por el fiel cumplimiento de las normas de obra pública".

"Habré de atribuirles a los funcionarios de YCRT el haber defraudado de modo efectivo y al 28 de enero de 2016 al Estado Nacional por un monto cercano a los 264.935.123 pesos desviándolos a la regional Santa Cruz de la UTN y a la Fundación creada allí", acusó también el fiscal.

Stornelli pidió además indagar a Jaime Álvarez, ex coordinador general de la cartera de Planificación que encabezó Julio De Vido entre 2003 y 2015 y también a las autoridades nacionales y regionales de la UTN y de la Fundación creada para firmar los convenios por YCRT.

El fiscal consideró que hay pruebas contra los acusados y reclamó las detenciones por la "gravedad del delito".

Los millonarios fondos estaban destinados a reconvertir la mina de Río Turbio, algo que no sucedió y a la construcción de un tren que costó 400 millones de pesos que también se cuestiona.

Los contratos y convenios fueron celebrados entre el Ministerio de Planificación y Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio con las Municipalidades de Rio Gallegos y Rio Turbio de la provincia de Santa Cruz y de la Facultad Regional de Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional.

Por ejemplo, se investiga fraude en el convenio macro "Puesta en valor del ramal ferroviario denominado Eva Perón" y el intento de construcción del "Tren histórico Eva Perón".

Además se cuestiona el uso dado al presupuesto para reconvertir el yacimiento que habría debido estar en condiciones de producir "dos millones de toneladas anuales para 2010 de carbón pero para 2015 produjo 48 mil toneladas" y la firma de distintos convenios para tal fin con la Fundación creada en la UTN.

"Hay motivos suficientes para presumir la existencia de un acuerdo tácito entre los funcionarios para sortear las exigencias administrativas en materia de contrataciones públicas entre 2008 y 2015" y para ello se firmó un "convenio macro" con la Fundación creada en la UTN que permitió la contratación directa con YCRT evitando el llamado a licitaciones públicas.

Así "hubo un encarecimiento de bienes y servicios adquiridos por el Estado Nacional en un 21 por ciento por gastos en comisiones" debido a que la facultad tercerizó servicios.

Sobre los responsables de la Universidad con pedido de indagatoria, el fiscal advirtió que pusieron a esa "alta casa de estudios al reprobable servicio de una triangulación de operaciones con el objeto de eludir la normativa de contrataciones públicas , convirtiendo a la Facultad en una suerte de intermediario y cliente exclusivo de YCRT".

El pedido de indagatoria alcanza a De Vido y a otros 23 funcionarios

Stornelli reclamó la declaración indagatoria y detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido y de otros 23 acusados en la causa que investiga una defraudación por la puesta en valor del Yacimiento de Río Turbio. Además de De Vido la solicitud incluye a los ex funcionarios de Planificación Roberto Baratta, Jaime Álvarez y el ex secretario de Minería Jorge Mayoral, el ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna y el gerente de Explotación e Inspector Fernando Lisse, el ex coordinador general Miguel Larregina y la responsable delegación Buenos Aires, Marta Pérez. Además se pidieron esas medidas para los integrantes de la Universidad Tecnológica Nacional: Héctor Brotto (actual rector de esa casa de estudios) Martín Goycochea (decano UTN Santa Cruz), Orlando Taboada (coordinador general de Convenios YCRT), Orlando Pastorio (secretario administrativo), Claudio Masson y Gustavo Maza (coordinadores técnicos del Centro de Capacitación tecnológica UTN YCRT).
Y otros vinculados a la Fundación regional Santa Cruz de la UTN como su presidente Hugo Sánchez, su coordinador técnico Cristian Funes, su supervisor Lucas Zemunik y los empleados Guillermo Torres, Cintia Pérez, Nadia Márquez, Gustavo Luguercho, Carina Mendoza y Alexis Philpott.

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