22/09/2016

Inconsistencias de Barrick Gold, denunció el Ministerio de Ambiente de la Nación

Fue presentada por Pablo Bolado, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que conduce Sergio Bergman, ante la Justicia Federal de San Juan.

El Ministerio de Medio Ambiente de la Nación presentó este jueves en la Justicia Federal una denuncia contra los directivos de Barrick Gold por el último derrame de solución con cianuro y otros metales pesados en la mina Veladero, ocurrido el pasado 8 de septiembre, por el desacople de una cañería que fue impactada por un trozo de hielo.

El escrito hace hincapié en las contradicciones entre las versiones oficiales, la de los trabajadores y una serie de observaciones que realizaron los técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que inspeccionaron el yacimiento. Tiene sentido: luego del vertido del 12 y 13 de septiembre del año pasado, Barrick Gold hizo todo lo posible para ocultar lo ocurrido y sus consecuencias.

La denuncia fue presentada por Pablo Bolado, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio que conduce Sergio Bergman. Tras hacer una breve descripción del incidente, el funcionario advirtió que "el diseño de ingeniería utilizado por la empresa no es óptimo". Y marcó tres aspectos:

La segunda inconsistencia de la minera que marcó el Gobierno tiene que ver con "las graves fallas de comunicación y coordinación e, incluso, falta de transparencia o veracidad". Al respecto, la denuncia subrayó que hubo una "explicación introductoria" del área de Ambiente de la empresa que "fueron luego contradichas por las autoridades de procesos". Un ejemplo, bastante grotesco, es que Barrick Gold aseguró que puso fin a la fuga cuando cortó el flujo cerrando una válvula que la cañería desacoplada no tenía.

El derrame comenzó a las 2:30 y fue detectado a las 3:45, de acuerdo a la primera versión de la empresa. En la mina se dieron cuenta del incidente porque repentinamente se detuvo una bomba. Esa noche, dos inspectores de la Policía Minera estaban durmiendo en Veladero. Habían estado trabajando el día anterior y ese 8 de septiembre, a las 15 horas, emprendieron el retorno. Se fueron, supuestamente, sin saber lo que había ocurrido. No los notificaron.

"La explicación de la empresa fue que nadie se percató de la presencia del mineral (rociado con solución cianurada) fuera del valle hasta alrededor de las 15 horas y que recién a las 17 horas comunicaron ello a la gerencia", indicó el escrito del Ministerio. "Esto fue contradicho por personal que trabajó en el lugar y otras autoridades de la empresa", agregó. ¿Conclusión?  "Entendemos que es muy probable que personal de la empresa ya sabía del incidente y resolvieron no comunicarlo en ese momento".

El escrito, no obstante, no abunda sobre cuándo se realizó la comunicación oficial a la Policía Minera, aunque advierte que habría habido una llamada informal el mismo 8 de septiembre, reportando un incidente menor y que por eso las autoridades provinciales no enviaron una comitiva recién hasta el 14 de septiembre, dos días después de que por mesa de entradas del Ministerio de Minería se presentara un reporte con los detalles del evento.

Ya en Veladero, ese 14 de septiembre, los inspectores de la Policía Minera suscribieron dos actas: la 328, en la que pidieron los análisis de agua, y la 329, en la que cuestionaron la falta de altura de las bermas y la falta de aviso a las autoridades.

El Ministerio de Ambiente quiere que se investigue a los directivos de Barrick Gold por los delitos tipificados en los artículos 55 y 56 de la Ley 24.051 que regula el uso de residuos peligrosos. Esa norma sanciona con hasta 10 años de prisión al que "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

Como se trata del segundo derrame confirmado en menos de un año, luego del vertido de millones de litros de solución cianurada al río Potrerillos entre el 12 y 13 de septiembre del año pasado, la denuncia incluye una serie de pedidos de medidas cautelares. Son cuatro: el cese de actividad en Veladero hasta que se compruebe que no es un riesgo para la salud y el ambiente (algo que ya ordenó la justicia sanjuanina), la implementación de un plan de monitoreo permanente de las aguas de la cuenca del río Jáchal, la instalación de cámaras filmadoras en el valle de lixiviación y la realización de una auditoría ambiental bimestral.

Por último, el Gobierno solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas, dos pedidos de informe a la empresa y a la Policía Minera, y que se allanen los domicilios de todos los involucrados.

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