14/03/2016
EVASIÓN POR 8.000 MILLONES

AFIP denunció penalmente a los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta

Cristina Kirchner, Ricardo Echegaray y Cristóbal López fueron denunciados ante la Justicia por la millonaria deuda del Grupo Indalo con la AFIP. Aparte de la AFIP fueron presentadas dos denuncias más, una radicada por el abogado y dirigente político Juan Mussa y otra por el abogado Ricardo Monner Sans.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a los titulares del denominado Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.

El presunto delito se basaría en que se habría simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva.

La maniobra, informó la AFIP, se desarrolló básicamente en 4 pasos:

1) OIL COMBUSTIBLES SA percibía el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor.

2) La obtención y otorgamiento de sucesivos Planes de Pago, para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas, cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento. Cabe recordar que dos de los Planes de Pago se realizaron en los términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional.

3) La readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda.

4) El traspaso de las sumas retenidas por OIL COMBUSTIBLES SA en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, a distintas empresas que componen el GRUPO INDALO.

La maniobra de la compañía se extendió a lo largo de los períodos 2012; 2013; 2014 y 2015.

La denuncia surge a partir del análisis que realizó la AFIP sobre los planes otorgados bajo el amparo del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, que permitía al Administrador Federal brindar planes de pago especiales. Esta posibilidad fue derogada por la actual administración.

La demanda por la evasión millonaria del empresario kirchnerista, ingresó al juzgado penal económico a cargo de la jueza María Straccia

 

DOS DENUNCIAS PENALES

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron denunciados en la Justicia luego de la investigación que publicó el diario LA NACION sobre la deuda millonaria del Grupo Indalo con la AFIP.

Se trata de dos denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py. La primera fue radicada por el abogado y dirigente político Juan Mussa, quien apuntó contra Cristóbal López, contra Ricardo Echegaray -actual titular de la Auditoría General de la Nación-, y contra la ex presidenta Cristina Kirchner. Se los acusa por los supuestos delitos de extorsión, estafa y defraudación. Por sorteo, la denuncia recayó en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez.

La segunda denuncia apunta contra Echegaray, por entender que, de comprobarse la maniobra, cabría aplicar el artículo 248 de Código Penal, según la cual no estaría "cumpliendo con las leyes en vigencia" como auditor y como ex titular de la AFIP, "habría permitido que no ingresaran fondos legalmente exigibles". La presentó el abogado Ricardo Monner Sans y recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez Di Giorgi.

Según Monner Sanz, debe determinarse "qué exigencias normativas se habrían incumplido, bajo tolerancia de la AFIP", teniendo en cuenta que "Cristóbal López ha gozado de la amistad de la ex presidenta".

El domingo, el diario LA NACION publicó una investigación periodística que reveló la existencia de una deuda de 8.000 millones de pesos acumulada en los últimos años de la gestión kirchnerista por el Grupo Indalo, liderado por el empresario Cristóbal López.

Se trata de un monto que el grupo empresario, en su carácter de agente de retención, recaudó en concepto de impuesto a la transferencia de combustibles y no derivó, como correspondía, a la AFIP.

Incluso, según lo investigado por el periodista Hugo Alconada Mon, el empresario habría utilizado esos fondos para solventar la expansión del grupo.

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