14/03/2016
EN RAWSON

Jornadas de “acceso a la Justicia para los más Vulnerables”

Se desarrollarán en la Biblioteca Popular Sur, el viernes 18 de marzo, de 9,30 a 12 hs.

En la Municipalidad de la Ciudad de Rawson, este lunes por la mañana se llevó adelante la presentación de las Jornadas denominadas “acceso a la Justicia para los más Vulnerables”.

Estuvieron presentes, el Intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja; el doctor Almirón, presidente del Colegio de Magistrados quien dio la bienvenida; posteriormente dio detalles de la actividad el doctor Fernando Conte Grand, responsable de la Comisión de Discapacidad del Foro de Abogados.

Finalmente, invitó a las jornadas que se desarrollarán en Rawson, el Intendente Juan Carlos Gioja quien destacó el valor de las mismas en consonancia con las políticas que se vienen llevando a cabo en el departamento.

Además, estuvieron presentes, jueces, el diputado departamental Pablo García Nieto, funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y municipal e invitados especiales.

Las jornadas se realizarán:

Lugar: Biblioteca Popular Sur – Calle Mendoza 3798 – Sur - Rawson

Día: Viernes 18 de Marzo del 2016 – 9,30 a 12 horas

Organizan: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

                  Subsecretaría de Acceso a la Justicia

                   Centro de Acceso a la Justicia

                   Municipalidad de Rawson

                   Escuela de Capacitación Judicial – Poder Judicial de la Provincia de San Juan

                    Foro de Abogados de la Provincia de San Juan

                    Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan

                    Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo

 

Acceso a la Justicia para los más vulnerables

Las barreras en el acceso a la justicia, impactan especialmente en los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Y la falta de coordinación de los organismos públicos de defensa y patrocinio jurídico gratuito agrava esta situación, ya que los recursos que se aplican a esta materia son muchas veces utilizados ineficientemente.

Según las 100 Reglas de Brasilia, sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad, adoptadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, se consideran en condición de vulnerabilidad, aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

En tal sentido, podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la  edad,  la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. Es necesaria una nueva mirada hacia el derecho de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Una estrategia focalizada, para superar las barreras en el acceso a la justicia que enfrentan los grupos vulnerables, supone trabajar a partir de la identificación de las barreras. Estas barreras pueden ser diversas: procesales, administrativas, de infraestructura, geográficas, socio culturales, educación legal, asistencia legal, de género, económicas, etcétera. Para ello, es imprescindible trabajar con los integrantes de los colectivos vulnerables y sus organizaciones representativas, así como recolectar buenas prácticas en otras instituciones o países. Las buenas prácticas se vuelcan en la definición de protocolos, o manuales. Se trata de documentos ordenados, que buscan regular el comportamiento que deben tener los operadores de justicia a través de principios, criterios, reglas y ejemplos. Estos protocolos son, a la vez: i) herramientas de formación internas de las instituciones judiciales, valiosas en tanto se utilicen de modo obligatorio y generalizado; ii) instructivos para los operadores en contacto con los grupos vulnerables, y iii) mecanismos de empoderamiento de los grupos vulnerables.

Se recomienda la adopción formal de estos protocolos desde las autoridades judiciales que corresponden, ya que esto los dota de legitimidad y permite reclamar su aplicación cuando sea el caso. Un ejemplo es el “Protocolo de Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad Recomendaciones para un trato adecuado”, que apunta a remover las barreras subjetivas de los operadores judiciales frentes a las personas con discapacidad (http://www.mpd.gov.ar/articulo/index/articulo/protocolo-para-el-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-con-discapacidad-3648), o la “Guía para el abordaje en la justicia de niño/as víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos”.

Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) son espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. Los CAJ cuentan con equipos interdisciplinarios, compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios. Desde allí se coordinan acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de alcance nacional, con el objetivo de dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la comunidad.

Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) funcionan como un puente entre los ciudadanos y los diversos organismos públicos, tanto locales como nacionales. De esta manera, se abordan las problemáticas que se presentan en los barrios, centralizando la atención y realizando de manera dinámica las gestiones ante cada organismo correspondiente, con el objetivo de efectivizar el rápido acceso a la justicia. Además, los altos costos de los procesos judiciales, la lentitud en su solución, la excesiva y dispendiosa tramitación, como la ineficacia de los resultados esperados con el sistema punitivo penal, entre otros factores, han llevado a la sociedad civil a requerir de los  Estados la implementación de mecanismos eficientes e integrales para la resolución de sus controversias, tal como la generación de los institutos de conciliación, mediación, reparación del daño, arbitraje y Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol.

 

Si bien el conflicto como fenómeno social es inevitable, el sistema que aborde su solución (en sentido amplio, abarcando el proceso judicial y los métodos alternativos) solo será eficaz cuando cuente con numerosos mecanismos o procedimientos que permitan prevenir los conflictos y resolverlos, en su mayor parte y con el menor costo posible.

Los objetivos más atendidos entre los argumentos gubernamentales para incorporar  en el ámbito judicial “Medios Alternativos a la Resolución de Conflictos” y “Los Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol” han sido: la descongestión de los tribunales, la mayor celeridad en el conocimiento y resolución de las contiendas, el necesario mejoramiento del acceso a la justicia para el ciudadano y enfocar la acción jurisdiscente en las causas que producen el delito, desde el punto de vista de la prevención general y especial. Es así que surge la necesidad de implementar métodos alternativos, restaurativos de resolución de conflictos y terapéuticos, a saber Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol, para alcanzar un sistema de justicia, confiable y de calidad, teniendo al juez más que gestor del proceso y aplicador del derecho al caso concreto que le es sometido, como un instrumento en aras a una solución integral y óptima del conflicto, erradicando, en lo posible, sus causas. Dicha transformación no solo alcanza a las personas intervinientes en el proceso, sino que trasciende a la comunidad en general.

 

DISERTANTES:

  DR. RICARDO MARTÍN CASARES

CARGO:   Subsecretario

ÁREA:  SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE JUSTICIA

ES ABOGADO,  BECARIO DEL PROGRAMA INTERAMERICANO DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES PARA LA REFORMA PROCESAL PENAL DEL CEJA, INVESTIGADOR Y DOCENTE. INTEGRANTE DEL ÁREA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA FUNDACIÓN PENSAR.

Tema de exposición:   Reforma Procesal Penal – Tribunales de Drogas

El plan Justicia 2020, anunciado por el ministro Germán Garavano para mejorar el desempeño del Poder Judicial y del Ministerio Público y hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes, aborda una necesidad sobre la que nadie duda y que debería provocar un debate franco entre todos los sectores políticos, empresarios, sindicales y académicos.

El programa anunciado apunta a una Justicia más cercana a la comunidad, más moderna y más transparente e independiente, a través de una agenda de reformas integrales.

Entre  sus objetivos  se encuentran los que  se dirigen a facilitar el acceso a la Justicia a los sectores más desprotegidos mediante programas específicos de servicios jurídicos gratuitos, de mediación o de protección a las víctimas, incluidas las de la trata de personas,  de atender problemas de ciertas comunidades que presentan situaciones específicas, como los pueblos originarios o ciertas minorías sexuales.

 

≈  DRA. MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ

CARGO:   Subsecretaria

AREA:   SUBSECRETARÍA  DE ACCESO A LA JUSTICIA

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE JUSTICIA

ES ABOGADA, ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO CONSTITUCIONAL. A LO LARGO DE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL HA DESEMPEÑADO DIFERENTES CARGOS EN INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO Y DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL COMO LA ASOCIACIÓN CIVIL UNIDOS POR LA JUSTICIA, ASOCIACIÓN DE MUJERES JUEZAS DE LA ARGENTINA, LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EL SENADO DE LA NACIÓN Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN.

EN SU EJERCICIO PROFESIONAL SE HA DESTACADO POR REALIZAR DIFERENTES CONSULTORÍAS, PUBLICACIONES, CAPACITACIÓN Y EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA EN TEMAS DE MUJER, GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS

Tema de exposición:   “Centros de Acceso a Justicia – CAJ”

Su objetivo general es fortalecer y ampliar las políticas de acceso a la justicia actualmente desplegadas, fundamentalmente aquellas destinadas a los sectores más vulnerables de la población, enmarcado en una concepción del Acceso a la Justicia que tiene una doble dimensión: es tanto un derecho humano fundamental, como una garantía que permite el respeto y el restablecimiento de los derechos desconocidos o quebrantados.

Su responsabilidad primaria es: Promover, facilitar y fortalecer el Acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos. Conducir e impulsar las actividades relacionadas con los programas jurídicos y sociales de atención comunitaria. Atender el tratamiento de las demandas de los ciudadanos mediante acciones que permitan la satisfacción de las mismas, en el marco de las competencias asignadas.

 

El intendente Juan Carlos Gioja anuncia las jornadas sobre acceso a la justicia para sectores vulnerablesPresentación de las Jornadas de “acceso a la Justicia para los más Vulnerables”
El intendente Juan Carlos Gioja anuncia las jornadas sobre acceso a la justicia para sectores vulnerablesPresentación de las Jornadas de “acceso a la Justicia para los más Vulnerables”

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