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01/12/2011

DIPUTADOS: Movido cierre de sesiones

La Cámara baja este miércoles tuvo un movido cierre de sesiones. Al finalizar la tarde dio media sanción a la iniciativa que prevé modificar la ley que regula los derechos de los pacientes a tener una muerte digna. Y sobre el filo del cierre del período de sesiones ordinarias, aprobó sólo en general el proyecto que establece a la infertilidad como una enfermedad y permite que los tratamientos para concebir sean gratuitos.

MUERTE DIGNA

La Cámara de Diputados aprobó ayer por la noche y giró al Senado un proyecto de ley que garantiza a los pacientes terminales el derecho de tener una "muerte digna", por medio de la posibilidad de rechazar voluntariamente terapias que sólo prolonguen la vida de manera artificial.

Sobre el final de la última sesión ordinaria del año, la iniciativa se sancionó9 con 142 votos afirmativos, 6 negativos y 2 abstenciones.

El texto -que no legaliza la eutanasia, ni el suicidio asistido-, surge de un dictamen elaborado sobre la base de proyectos de los diputados Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), Gerardo Milman (FAP) y Jorge Rivas (Nuevo Encuentro), entre otros.

El proyecto propone modificar siete artículos de la ley 26.529, que regula los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud.

En su primer artículo, referido a la autonomía de la voluntad, la iniciativa plantea que el paciente tiene derecho a rechazar determinadas terapias médicas, y especifica que el enfermo terminal puede rechazar procedimientos quirúrgicos y atenciones de soporte vital, cuando sean desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría.

Además, se les otorga a los pacientes la posibilidad de rechazar la hidratación y la alimentación, cuando estas medidas sólo representen la prolongación en el tiempo de un estado terminal e irreversible.

El único requisito para garantizar el derecho de muerte digna es que el paciente dé su consentimiento informado, es decir, que antes de tomar la decisión y manifestarla, debe recibir información precisa sobre, entre otras cosas, su estado de salud, el tratamiento propuesto y las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento médico.

En caso de que las condiciones de salud del paciente no le permitan dar su consentimiento, la decisión correrá por cuenta de sus familiares o de sus responsables legales.

"La llamada ley de muerte digna debería ser llamada de vida digna. Lo que hace es garantizar el respeto a la autonomía de la voluntad para que las personas decidan cómo van a vivir hasta el último minuto de su vida, evitando el encarnizamiento médico", dijo, en el inicio del debate, la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, presidente de la comisión de Legislación General.

A su vez, el legislador del Frente parala Victoria, Antonio Morante, presidente de la comisión de Salud, afirmó: "El objetivo de la medicina no es sólo combatir la muerte. Cuando ello no es posible, el objetivo debe ser luchar contra el dolor y el sufrimiento para tener una muerte tranquila".

Aunque en la votación en general el proyecto fue aprobado casi por unanimidad, diputados de distintos bloques hicieron objeciones durante el tratamiento en particular, pero no prosperaron modificaciones al dictamen original.

“Seguimos ampliando derechos. Hemos producido nuevos avances en el proceso democrático de reconocimiento y ampliación de derechos que está en curso en nuestro país desde hace ocho años", afirmó el diputado de Nuevo Encuentro Jorge Rivas.

El legislador agregó: "La premisa sobre la que se apoya el proyecto es que la vida no es una obligación, sino un derecho".

INFERTILIDAD

Con 150 votos a favor, 4 negativos y 4 abstenciones los legisladores aprobaron en general la norma, pero el debate en particular se suspendió, ya que el período de sesiones ordinarias finalizaba a las 0 y sólo quedaba una hora quince para discutir artículo por artículo.

De esta forma, el proyecto avanzó en parte, ya que quedó en una situación difícil para ser aprobado el año próximo.

"No vamos a llegar a las doce de la noche con cada uno de los artículos. Me parece que lo serio y responsable es lo que acabo de proponer, de aprobar en general y después nos damos más tiempo para consensuar y avanzar en el texto en particular", dijo el jefe del bloque de diputados del Frente parala Victoria, Agustín Rossi.

A esa postura se sumaron los legisladores del resto de las bancadas, por lo que se aprobó en general y luego se suspendió el debate.

La diputada de la Coalición Cívica, Marcela Rodríguez, cuestionó la modalidad y advirtió: "Esto es una mentira a la sociedad, esto se cae el año que viene. ¿Cómo les vamos a decir a los nuevos diputados que votamos por ellos?".

Sucede que la aprobación sólo en general no tendrá validez de cara al próximo período, ya que se renueva la mitad de la Cámara y habrá diputados nuevos.

Para evitar eso, la presidencia de Diputados debería llamar a una prórroga de las sesiones ordinarias a efectuarse antes del 10 de diciembre, día del recambio legislativo.

De concretarse una nueva sesión para el tratamiento en particular del proyecto, también antes del 10 de diciembre debería llamar a sesión el Senado para tratar el texto y darle su sanción definitiva.

De no ocurrir esto, el Poder Ejecutivo debería llamar a una sesión extraordinaria sino el proyecto perderá su estado parlamentario y deberá volver a debatirse, de cero, el próximo año.

Una vez finalizada la sesión, los referentes de las agrupaciones a favor de la medida insultaron a los legisladores por no haber avanzado con el tema.

El proyecto en discusión plantea el reconocimiento de la infertilidad humana como una enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A partir de este concepto, el texto establece que tanto en hospitales públicos como en obras sociales o prepagas se brinden tratamientos de fertilización asistida a personas que no puedan concebir.

La condición para recibir el tratamiento es que no tengan hijos fruto de la unión de esa pareja.

Además, las mujeres que soliciten el tratamiento deben tener entre treinta y cuarenta y cinco años.

Las técnicas de fertilización se efectuarán una vez al año, hasta un máximo de dos.

Si bien este tema tiene consenso, existe reticencia en algunos sectores, ya que de los tratamientos debe hacerse cargo el Estado y las obras sociales y prepagas

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